La reforma de la Ley Concursal, en vigor desde el pasado mes de septiembre, ya ha registrado su primer gran impacto. El número de concursos de acreedores de personas físicas (empresarios autónomos y familias) repuntó más de un 30% en 2022, en gran parte por las en relación al mecanismo de Según datos provisionales del Registro Público Concursal, dependiente del Colegio de Registradores, y que ha sido consultado por CincoDías, 9.669 personas físicas solicitaron el año pasado el concurso de acreedores, siendo esta cifra un 32,56% mayor que en 2021, cuando lo pidieron 7.294 personas.
En concreto, de acuerdo a los datos publicados por 2022, en el último trimestre de dicho año (de octubre a diciembre) 4.407 personas en situación de insolvencia iniciaron el proceso con respecto a los meses previos, en los que aún funcionaba la ley anterior. En los primeros tres 1.795 concursos de personas tuvo estable en el segundo trimestre (de abril a junio), con 1.791 concursos, mientras que en el tercer trimestre (entre julio y septiembre) hubo una ligera caída hasta los 1.676 casos.
Se contabilizaron 4.755 concursos en todo 2022, solo 12 más que en 2021. Según fuentes del Colegio de Registradores, el significativo incremento que se ha producido entre los concursos de autónomos o de familias se debe a que, desde que entró en oportunidad, ya no es obligatorio alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. La eliminación de este requisito «facilita y agiliza mucho la tramitación del concurso», indicaron, al tiempo que resaltaron que gran parte de los procesos judiciales por insolvencia han sido iniciados a instancia del propio deudor.
Así lo refleja también el Registro Público Concursal en sus datos provisionales, pues los concursos voluntarios aumentaron un 44,9% en 2022, desde 6.115 casos de 2021 hasta 8.861 concursos del año siguiente. Estas cifras engloban tanto los concursos de personas físicas como jurídicas, si bien reflejan la flexibilidad para lograr el perdón de las deudas.
Con la aprobación de la ley, muchos abogados expertos en esta materia aventuraron una avalancha de solicitudes de concursos de acreedores. Por un lado, por la simplificación de los trámites y, por otro, por la (que constituyen el 93,82% del tejido empresarial español) a través de una plataforma electrónica.
La nueva norma eliminó el requisito de llegar a un acuerdo extrajudicial. El TJUE resolverá las dudas sobre la exclusión del crédito público de la deuda cancelada